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Una rosa para los derechos migratorios de los cubanos
Micaela Hierro Dori
14 de mayo de 2015
De acuerdo a la ley migratoria en Cuba, aquellos cubanos que permanezcan fuera del país más de 24 meses pierden los derechos de residencia en el país con todo lo que ello implica. Volver a gozar del derecho a residencia en el país está sujeto a discrecionalidad del Estado cubano y se debe solicitar formalmente con burocracia de por medio.
 
 

El regreso a La Habana el día lunes 11 de mayo de Rosa María Payá nos recuerda una vez más que los cubanos no gozan los derechos migratorios reconocidos internacionalmente. La joven activista cubana viajó a pesar de las amenazas que hay contra su vida, para rendir homenaje a su padre, Oswaldo Payá, líder fundador del Movimiento Cristiano Liberación, cuya muerte fue provocada por agentes del gobierno cubano en un accidente automovilístico que de accidente tenía lo mismo que Raúl Castro de democrático. La particularidad del caso, es que Rosa María, quien meses después de la muerte de su padre tuvo que emigrar forzosamente de Cuba por razones de persecución política, se vio nuevamente forzada a regresar antes de cumplir los dos años en el exterior si es que no quería perder el derecho a residencia en su propio país. Pues de acuerdo a la ley (injusta) migratoria en Cuba, aquellos cubanos que permanezcan fuera del país más de 24 meses pierden los derechos de residencia en el país con todo lo que ello implica. Volver a gozar del derecho a residencia en el país está sujeto a discrecionalidad del Estado cubano y se debe solicitar formalmente con burocracia de por medio. Soy argentina y ya van más de dos años que vivo en Alemania, y no se me ocurre que pierda el derecho de regresar a vivir a mi país por el simple hecho de decidir libremente por un tiempo de vivir en el exterior. Ni tampoco me imagino tener que hacer trámites para obtener el permiso de vivir en mi país. Ese es un derecho y no debe estar sujeto a trámite alguno. Solo la obligación de informar al Estado en donde decido establecer mi domicilio. Pero es bien diferente el tener que pedir permiso a tener que informar al Estado.

La política migratoria que comenzó a regir a partir del 14 enero del 2013 en Cuba, flexibilizó la salida de los cubanos hacia el exterior, quienes hasta esa fecha no gozaban del derecho a salir de su propio país, como está estipulado en el articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Si bien esta norma internacional, por la cual se rigen la mayoría de los países del mundo, no obliga al Estado Cubano, pues a pesar de haberlo firmado en el año 2008 no la ha ratificado aún, es bueno recordar que el derecho de libre movimiento es un derecho humano fundamental inherente a toda persona por el simple hecho de su condición humana. Y el derecho de libre movimiento, implica tanto el derecho a salir como el derecho al retorno, como bien se establece en el mencionado instrumento del derecho internacional: "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar a su propio país" que es el derecho que mencionábamos antes que la República de Cuba niega a todos los cubanos que permanecen más de dos años fuera del país porque los considera “emigrados“. Por otro lado, en el párrafo 3 se advierte que “los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden publico,… y sean compatibles con los demás derechos reconocidos  en el presente Pacto". En la lógica del régimen autoritario, algunos miembros de la sociedad civil del movimiento democrático son un peligro para el orden público, porque el orden público es aquel que ellos definieron hace 55 años sin ningún tipo de tolerancia a la diferencia de opiniones, donde los ciudadanos no pueden exigir sus derechos, donde no pueden manifestar sus desacuerdos con la forma de gobierno. Un orden público injusto y autoritario. Es así, como aquellos cubanos que deciden emigrar buscando aire de libertad, terminan siendo desplazados externos en forma permanente si es que no regresan a su país o no se someten al proceso burocrático. Es así como terminan siendo desplazados externos los ex presos políticos que fueron forzados al exilio y hoy no gozan del derecho de retorno a su propio país. Incluso aquellos presos políticos que fueron liberados por mediación de la Iglesia y fue anunciado como una gran triunfo. Para esas personas liberadas en diciembre de 2011 era simplemente un cambio de castigo: la cárcel o el exilio.

Para ejemplificar la discrecionalidad del Gobierno Cubano, durante estos 18 meses que rige la nueva ley migratoria, “por razones de interés publico“ el Gobierno no ha autorizado la salida del país en distintas ocasiones a ciudadanos cubanos como a Carlos Amel Oliva, Antonio Rodiles, Manuel Cuesta Morúa o Tania Bruguera, por lo que queda claro que en vez de reconocer los derechos de los ciudadanos, están simplemente haciendo concesiones marginales En algunos casos, la manera de impedir es con la retención del pasaporte, con una medida cautelar o simplemente impidiendo que suba al avión.

Es tan grave la situación como el hecho que los cubanos en esos casos corren el peligro de ser apátridas de facto que, según el derecho internacional de migración, es la situación de personas que poseen la nacionalidad de un Estado pero luego de haber salido del mismo el Estado se rehúsa a proteger sus derechos, dado que el Estado Cubano puede tomar la decisión arbitrariamente de no reconocerle los derechos de ingresar y habitar al país a los ciudadanos cubanos que son considerados “emigrados", algo tan caprichoso como el dicho “el que se fue a Sevilla perdió su silla“. Otro efecto colateral de estas medidas del Gobierno de Cuba es que está violando el derecho a la unidad familiar estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Art.16.3), al negar la libre circulación y selección del lugar de residencia, pues las familias cubanas están divididas entre el exilio y el aislamiento de quienes se quedaron.

Por ello, el viaje de Rosa Maria Payá a La Habana está lleno de simbolismos. No solo va a recordar a su padre y el pedido de la investigación internacional de su muerte y la de Harold Cepero, el joven del MCL que sufrió la misma suerte, sino también porque ella recuerda su legado: primero con el Proyecto Varela y el pedido del Plebiscito, ahora renovado con la campaña Cuba Decide; y segundo con el Proyecto Heredia, campaña por el derecho de los cubanos a viajar libremente.

Por ultimo, recordando el Proyecto de Ley del Reencuentro Nacional propuesto por Payá, la restricción de viajar al exterior no es la única medida que el gobierno autoritario cubano viola en materia del derecho migratorio internacional, sino también la falta de libertades de movilizarse dentro del país y de emigrar de una provincia a otra. Cuando la oposición cubana denuncia los “cambios fraude", es exactamente así: hacen cambios en las medidas migratorias, realizando pequeñas concesiones pero no terminan de reconocer los derechos de los cubanos. La legislación cubana en materia de derecho migratorio se ha ido flexibilizando, pero aun se considera ilegal aquella persona que haya trasladado su domicilio sin el permiso del Gobierno, por ejemplo según lo establece la Ley 217 del año 1997 que regula las migraciones internas para la ciudad de La Habana.

La libertad de movimiento, como un derecho fundamental, los ciudadanos del mundo democrático la damos por hecho. No se nos ocurre que el Gobierno nos considere ilegales por mudarnos de provincia dentro del mismo territorio nacional, porque así fue consensuado hace 60 años en el articulo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir libremente su residencia en el territorio de un Estado“, y porque lo consideramos un derecho natural.

La migración es un fenómeno que históricamente ha estado en la agenda del derecho internacional y apuesto que será una de las primeras medidas de reforma cuando haya una verdadera apertura democrática en Cuba. Para solucionar el problema de los millones de cubanos residentes en el exterior y sus descendientes, para evitar que sigan muriendo en el mar aquellos que intentan salir de la isla escapando del control totalitario del Estado y para restablecer la reunificación familiar que permita reconstruir los lazos societales de una Cuba donde reine la libertad y la justicia.

Micaela Hierro Dori es Presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba.